sábado, 25 de julio de 2015

Una prueba más de la avergonzante decadencia del Poder Judicial uruguayo.


Trascendió hoy por los medios una situación que, de mantener el decoro lingüístico, habría que calificar de surrealista. Pero como el lenguaje es un instrumento válido en tanto logre reflejar siquiera un ápice de la realidad, la mentada situación sólo admite los crudos calificativos de “perturbadora”, “repulsiva”, “intolerable”.

El caso difundido es el de un “Señor” Juez, del que curiosamente se omitió el nombre, quien liberó a los dos violadores de una jovencita de 13 años, alumna del Liceo 74 de Montevideo, aduciendo escasez de pruebas.

Las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, recomienda a los países miembros, en sus incisos c) y d) del Apartado II:
Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación”; y “Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante”.

Como ciudadana de este país en el que crecen en forma astronómica las cifras de abuso fatal contra mujeres, ancian@s y niñ@s, como docente en contacto permanente con l@s jóvenes -que resultan ser los seres más escandalosamente vulnerados día a día y desde ámbitos insospechados-, como madre, como mujer, me siento visceralmente obligada a reclamar que se revea la adjudicación de cargo tan delicado a una persona que no puede permanecer en ese contexto profesional ni un segundo más; su incompetencia funcional no admite la más leve contemplación ni siquiera habiendo mediado el posible hecho de que la Policía -auxiliar de la Justicia- no hubiera presentado suficientes pruebas. Acaso,¿revela su veredicto la adopción de recursos eficaces para que la equidad haya sido una garantía para la víctima? ¿Carece del poder para generar esos recursos? ¿O una menor que no pertenece al estatus siempre privilegiado no merece ser considerada víctima? ¿Cómo puede administrar justicia un individuo que descarta la declaración y la condición de una joven violada? ¿Con esa misma vara se impartió justicia en las decenas de casos de abusadores de menores -respetables miembros de la comunidad en balnearios y zonas de fronteras- que siguen operando con la mayor impunidad? ¡Ah, aquí hemos arribado a la madre de las palabras: impunidad! Una vez instalada, la impunidad carcome cualquier carne (y de cualquier pelo) pero prefiere, como los caranchos y afines, la que ya está en descomposición.



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